El expediente por la desaparición y muerte de Otoño Uriarte, ocurrido en octubre de 2006, volvió a sacudirse en las últimas horas: uno de los imputados, Maximiliano Lagos, no fue encontrado en el domicilio que había fijado para permanecer a derecho y podría ser declarado en rebeldía. La situación genera preocupación en la familia de la joven y abre un nuevo capítulo en una causa marcada por casi dos décadas de dilaciones judiciales.
El abogado de la familia, Martín Palumbo, confirmó que la Fiscalía, a cargo de la fiscal Cipriano Chefrita, solicitó una audiencia para pedir la rebeldía y la captura de Lagos, quien debía estar localizable debido a que el proceso aún no está concluido. Tras la absolución de los cuatro imputados por parte del Tribunal de Impugnación, el Ministerio Público impulsó una impugnación extraordinaria, por lo que todos los acusados continúan sujetos al proceso y obligados a respetar las instancias notificadas.
Según Palumbo, la ausencia de Lagos “pone en riesgo” la audiencia clave prevista para el 5 de diciembre, donde se discutirán los planteos de nulidad por parte de la querella y el pedido fiscal para sostener las antiguas sentencias condenatorias. El abogado remarcó que, pese a la absolución temporal, los imputados deben estar disponibles para ser notificados y comparecer.
La fiscalía no logró notificarlo en el domicilio declarado y, al constatar su ausencia, inició el pedido formal para que sea declarado en rebeldía. Si el juez hace lugar, se emitirán comunicaciones para que la Policía de Río Negro y fuerzas de otras jurisdicciones lo busquen y lo pongan a disposición de la Justicia.
Mientras tanto, la familia Uriarte avanza en un planteo de mayor alcance: busca que la causa pase a la Justicia Federal, al considerar que nunca fue investigada correctamente bajo la hipótesis de desaparición forzada y posible red de trata de personas que operaba en el Alto Valle en aquellos años. Palumbo sostuvo que existen “elementos suficientes” para cambiar la calificación y la competencia, y que la actuación de la justicia provincial “está agotada”.
A 19 años del hecho, el expediente ha atravesado detenciones, absoluciones, nulidades, cambios de hipótesis y desgaste emocional para la familia de Roberto Uriarte, quien volvió a reclamar justicia hace apenas días, durante un acto de memoria en Fernández Oro. La incertidumbre sobre el paradero de Lagos, uno de los acusados, profundiza la sensación histórica de impunidad.
La audiencia de este jueves será clave para definir los próximos pasos y determinar si finalmente se activa un operativo para capturarlo. En paralelo, la querella espera avanzar con la presentación ante la Justicia Federal para reorientar la investigación y obtener, después de casi dos décadas, una respuesta definitiva.


