Con el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y del Sindicato de Prensa de Neuquén, los trabajadores jubilados que integraron la Cooperativa de Viviendas de Periodistas Limitada dieron un paso histórico al presentar formalmente la demanda civil que exige la restitución de los bienes apropiados por el Ejército Argentino durante la última dictadura.

El reclamo se enmarca en un proceso judicial de más de cuatro décadas, y constituye el último paso jurídico luego de que la Justicia Federal reconociera que la intervención y ocupación del edificio Torre de Periodistas I fue parte de un plan sistemático de persecución y despojo, calificado como crimen de lesa humanidad.

El abogado Mariano Mansilla, representante de las víctimas, explicó que “la dictadura mintió diciendo que era un centro terrorista, pero en realidad se trató de un robo descarado: les quitaron los departamentos a trabajadores de prensa para entregárselos a altos mandos militares”.

“Lo más increíble es que en 40 años de democracia la usurpación continuó. El edificio está declarado sitio de la memoria, tiene leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales que lo reconocen, y aún así no se resolvió esta espina en el corazón de Neuquén”, sostuvo el abogado.

Mansilla destacó el rol del fiscal Miguel Ángel Palazzani, titular de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), quien investigó de forma exhaustiva el caso, identificó a los responsables y demostró cómo se concretó la ocupación ilegal. Gracias a su trabajo, se logró la imputación judicial y la declaración de lesa humanidad que habilita el actual reclamo civil.

La intervención militar sobre la cooperativa comenzó el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe. Efectivos del Ejército Argentino irrumpieron en la sede ubicada en Periodistas Neuquinos 19, secuestraron documentación, removieron a las autoridades legítimas y designaron como interventor al exmilitar Ulises Normando Baca Cau, quien trasladó la administración al Comando de la Sexta Brigada de Montaña.

Los interventores eliminaron de las listas de adjudicatarios a 21 socios, la mayoría de ellos trabajadores de prensa que pagaban sus cuotas al Banco Hipotecario Nacional, apropiándose del dinero y frustrando el acceso legítimo a sus viviendas.

Posteriormente, el 7 de noviembre de 1977, se inauguró la Torre de Periodistas I, en un acto encabezado por Baca Cau y el entonces gobernador militar José Martínez Waldner, marcando la segunda etapa de la maniobra delictiva.

El 29 de septiembre de 1978, el Banco Hipotecario Nacional, también bajo intervención militar, simuló la venta de 22 departamentos a distintas fuerzas de seguridad, consumando el despojo.

Las viviendas pertenecían a Dante Morozani (Lombardo), Osvaldo Arabarco, Raúl “Ruly” Aranda y otros trabajadores de prensa neuquinos que hoy, junto a sus familias, reclaman la restitución simbólica y material de sus bienes.

“La dictadura no solo torturó y asesinó; también robó, expropió cooperativas, empresas y viviendas”, sostuvo Mansilla, quien busca que este caso siente un precedente nacional.

El abogado subrayó que la recuperación de la Torre del Periodista sería “un paso hacia una justicia completa”, capaz de reparar tanto el daño físico como patrimonial infligido a las víctimas.

“Esta causa demuestra que la memoria no se limita al reconocimiento moral, sino que puede traducirse en restitución y reparación concreta”, afirmó.

La demanda civil presentada ante la Justicia de Neuquén representa un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. El edificio, hoy declarado sitio de la memoria, sigue siendo un símbolo de resistencia, dignidad y lucha para el periodismo neuquino y para todos los que aún creen en la reparación histórica.