Este miércoles en Ciudad Judicial de Neuquén comenzó un proceso de mediación penal en el marco de la causa que investiga las maniobras fraudulentas vinculadas a la cooperativa 127 Hectáreas, donde cientos de familias resultaron estafadas con la promesa de viviendas y lotes con servicios que nunca se concretaron.
El procedimiento, se desarrolla como una instancia previa a la formulación de cargos dentro de la investigación conocida como “M.Z.”, una de las más avanzadas en la causa. La medida busca acordar una reparación económica y material a las víctimas antes de avanzar en el proceso penal.
Participan de la mediación los abogados Mariano Mansilla y Ezequiel Otálora en representación de los damnificados, junto con delegados de distintos sectores afectados, el Gobierno provincial y los representantes de la cooperativa encabezada por Jorge Salas.
Según explicó Mansilla, el objetivo central es que las familias puedan acceder finalmente a un lote con servicios o recibir los dúplex ya construidos que originalmente les correspondían. Para ello, se plantea la urbanización de los terrenos de la 127 Hectáreas, donde existen alrededor de 100 viviendas en construcción y espacio suficiente para desarrollar más de 600 lotes.
La ejecución de estas obras —apertura de calles, instalación de agua, luz, gas y cordón cuneta— requerirá la participación activa del Estado provincial, ya que la cooperativa no cuenta con fondos para afrontarlas.
La mediadora ya mantuvo reuniones con el ministro de Gobierno Jorge Tobares, funcionarios del Ejecutivo y los representantes legales de la cooperativa. Este jueves se llevará a cabo un nuevo encuentro con delegados de los damnificados para definir los pasos a seguir.
Los abogados remarcaron que esta instancia representa una oportunidad concreta de reparación para más de 350 denunciantes, quienes buscan una solución después de años de espera, promesas incumplidas y perjuicio económico.
En caso de que las partes lleguen a un acuerdo y las víctimas sean indemnizadas o restituidas en sus derechos, el Código Penal permite la extinción de la acción penal, lo que podría cerrar el proceso judicial contra los acusados.
