La provincia de Río Negro se sumó a la lista de jurisdicciones que avanzan en el cobro de aranceles a extranjeros sin residencia permanente por el uso de servicios públicos de salud y educación. La norma, presentada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (Juntos Somos Río Negro), fue aprobada en segunda vuelta y quedó formalmente sancionada en la Legislatura.

Según explicó el diputado provincial Lucas Pica, la iniciativa se basa en un criterio de “justicia recíproca”: quienes no residen en la provincia pero utilizan hospitales o institutos de formación técnica deberán pagar un arancel, tal como ocurre en otros países cuando los argentinos acceden a estos servicios. “Queremos que los extranjeros sigan visitando Río Negro, pero corresponde que abonen por prestaciones que implican costos para el Estado”, subrayó el legislador.

La ley abarca a quienes tengan residencia transitoria. No alcanza a residentes permanentes ni a quienes ya estén asentados en la provincia. En materia de salud, se garantiza la atención inmediata en casos de urgencia, pero luego se prevé un mecanismo para recuperar los costos. En educación, el arancel se aplicará en institutos terciarios y técnicos, donde se registran estudiantes extranjeros de paso o con estadías prolongadas.

El monto de los aranceles no quedó fijado en la ley, sino que será definido en la reglamentación que los ministerios de Salud y Educación elaborarán en los próximos 90 días. En el caso de la salud, se tomará como referencia el baremo de prestaciones médicas que se aplica a pacientes con obra social.

Lo recaudado no podrá utilizarse para salarios, sino que se destinará a un fondo de inversión en infraestructura de hospitales y escuelas técnicas. Además, la norma habilita al gobierno provincial a firmar convenios de reciprocidad con países limítrofes, como Chile y Brasil, para que los rionegrinos no paguen aranceles cuando necesiten atención médica en esos territorios y viceversa.

Si bien el proyecto venía siendo discutido en distintos ámbitos, su sanción reabre el debate sobre el acceso universal a la salud y la educación en la Argentina. Para sus impulsores, se trata de una medida de sentido común destinada a proteger recursos provinciales y ordenar el sistema. Los críticos, en cambio, sostienen que podría vulnerar el principio de gratuidad en servicios básicos y generar tensiones diplomáticas si no se logran acuerdos de reciprocidad efectivos.

En ciudades con alta afluencia extranjera, como Bariloche, el tema adquiere una dimensión especial. Desde el oficialismo aseguran que el registro y cobro de aranceles permitirá, por primera vez, contar con datos precisos sobre el uso de estos servicios por parte de extranjeros.