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Cerro de la Virgen: imputan a directivos de una empresa constructora por el derrumbe que hirió a una familia

El fiscal jefe Fernando Fuentes y la fiscal Natalia Rivera formularon cargos contra el presidente y un director de la empresa Luciano S.A., señalada como responsable del derrumbe ocurrido el 1 de agosto de 2023 en el Cerro de la Virgen, en Chos Malal. El hecho dejó heridas a tres personas de una misma familia […]

El fiscal jefe Fernando Fuentes y la fiscal Natalia Rivera formularon cargos contra el presidente y un director de la empresa Luciano S.A., señalada como responsable del derrumbe ocurrido el 1 de agosto de 2023 en el Cerro de la Virgen, en Chos Malal. El hecho dejó heridas a tres personas de una misma familia que se encontraban en la zona.

Durante una audiencia realizada esta mañana, se imputó a L.L., presidente de la firma, y a R.M., ingeniero y director técnico, por el delito de estrago culposo. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), ambos actuaron con negligencia al incumplir los deberes de cuidado exigidos por la normativa y los informes técnicos de la obra pública.

La fiscalía precisó que el talud adyacente a la Ruta Provincial 43, donde se realizaban trabajos para la construcción de un puente sobre el río Curileivú, presentaba una pendiente de 60°, cuando el informe de ingeniería establecía que debía ser de 30°. Esta diferencia, sumada a la omisión de estudios geológicos y geotécnicos complementarios, incrementó el riesgo de derrumbe y finalmente derivó en el desprendimiento del macizo rocoso.

El colapso provocó lesiones de diversa gravedad en un hombre, su pareja y la hija de ambos, con tiempos de recuperación que oscilaron entre 30 y 200 días. La fiscalía destacó además que se ignoraron las recomendaciones del estudio de impacto ambiental, que advertía sobre la inestabilidad de la ladera y la necesidad de obras de contención.

En el caso de L.L., como presidente de la empresa, se le atribuyó haber omitido el cumplimiento de estudios técnicos obligatorios en el marco de la licitación pública 14/11, y no haber evaluado correctamente la estabilidad del talud rocoso. La obra, adjudicada en 2011, todavía no había sido entregada al Estado provincial al momento del accidente.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de un mes, con vencimiento el 5 de octubre. Asimismo, rechazó el pedido de la querella de agravar la imputación a estrago culposo con lesiones, al considerar que la calificación del MPF era la correcta, aunque reconoció que los hechos descriptos por ambas partes coincidían.

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