El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando sin efecto el veto presidencial de Javier Milei. La medida busca garantizar derechos básicos de miles de personas y familias que dependen de apoyos y prestaciones diarias para sostener su vida con dignidad.

Juan Celli, miembro del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad en Neuquén, sostuvo que se trató de una jornada de gran emoción para quienes integran el colectivo, conformado en su mayoría por familias que hace décadas luchan por igualdad de derechos.

Celli remarcó que “defender lo obvio” se volvió una constante en este recorrido: derechos conquistados vuelven a ponerse en discusión y obligan a movilizaciones permanentes. Según explicó, el veto del Ejecutivo fue un golpe inesperado y doloroso, ya que surgió desde la misma esfera estatal que debería garantizar protección.

El dirigente recordó que hasta hace pocos años las obras sociales negaban cobertura a niños y niñas con discapacidad, lo que demuestra que cada avance fue producto de la organización y la pelea constante de las familias. En ese marco, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en Argentina, pero todavía enfrenta serias dificultades en su aplicación.

Entre los puntos centrales de la ley, destacó la actualización de nomencladores, que determinan los valores de las prestaciones brindadas por instituciones y profesionales especializados. Celli advirtió que la falta de actualización amenazaba con dejar sin servicios básicos a miles de personas, además de poner en riesgo la continuidad laboral de acompañantes y terapistas.

Otro aspecto sensible es la situación de las pensiones por discapacidad, que en los últimos años registraron miles de bajas por procedimientos burocráticos confusos y en muchos casos arbitrarios. El Foro en Neuquén, que reúne a más de 200 familias, reclama la restitución de esos beneficios que resultan esenciales para garantizar un ingreso mínimo y acceso a obra social.

Celli señaló además la necesidad de investigar lo ocurrido en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde existen denuncias de corrupción y desvío de fondos millonarios mientras las autoridades respondían que “no había plata” para cubrir derechos básicos. Para las familias, esa contradicción resultó especialmente dolorosa e indignante.

El referente concluyó que la sanción legislativa no solo recupera herramientas urgentes, sino que también genera visibilización social de un problema habitualmente silenciado. “La emergencia en discapacidad atraviesa la dignidad y la justicia. Necesitamos que esta vez las medidas se cumplan y se restituya lo perdido”, subrayó.