El fiscal jefe Pablo Vignaroli expuso los alegatos finales en el juicio por la estafa con planes sociales, considerada una de las más grandes en la historia de Neuquén. La causa involucra a funcionarios y referentes políticos que habrían desviado subsidios destinados a desocupados para financiar estructuras partidarias y fines personales.

El proceso judicial comenzó el 21 de julio y se centra en 14 imputados, de los cuales 12 enfrentan cargos tras la exposición de pruebas. Según Vignaroli, se acreditó que existió una organización con roles jerárquicos definidos, que actuó de manera coordinada para apropiarse de los fondos públicos mediante maniobras administrativas irregulares.

La fiscalía estimó que el perjuicio económico supera los 1.100 millones de pesos, cifra actualizada a la fecha de los alegatos. Vignaroli destacó que la gravedad del caso no solo radica en el monto millonario, sino en el hecho de que el dinero estaba destinado a personas sin empleo, que dependían de esos subsidios para subsistir.

Los jefes de la maniobra fueron identificados en dos áreas del Ministerio de Desarrollo Social, ubicadas en las calles Rivadavia y Anaya. Allí se diseñaron los mecanismos para desviar los fondos, a través de listados paralelos que permitían generar una apariencia de legalidad en los expedientes oficiales.

Parte del dinero fue destinado a punteros políticos y al financiamiento de campañas, mientras que otra porción se usó para beneficios personales. Se documentaron compras de terrenos, vehículos y hasta la instalación de un centro de estética en Centenario, lo que evidenció el uso privado de recursos destinados a los sectores más vulnerables.

Vignaroli aclaró que no encontraron pruebas que involucren directamente al entonces gobernador Omar Gutiérrez ni al Banco Provincia, aunque no descartó futuras investigaciones. La fiscalía sostuvo que la responsabilidad más alta comprobada hasta ahora corresponde al exministro Di Luca, por su rol en la autorización de los pagos irregulares.

El fiscal explicó que las penas previstas oscilan entre un mínimo de 3 años y un máximo de 35, dependiendo de los delitos que los jueces den por acreditados. En esta etapa, la acusación presentó su teoría del caso y corresponde a la defensa exponer sus alegatos antes de que el tribunal dicte sentencia.

La megacausa dejó al descubierto un sistema clientelar basado en el manejo discrecional de fondos sociales, con impactos políticos y judiciales que exceden este juicio. Vignaroli adelantó que otra investigación en curso, vinculada al manejo de cooperativas, podría superar incluso el monto de la actual estafa con planes sociales.