La detención de Ariel García Furfaro reaviva la mayor crisis sanitaria por fentanilo en Argentina

La causa del fentanilo adulterado sumó un nuevo capítulo con la detención de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios donde se produjeron las ampollas contaminadas que provocaron más de un centenar de muertes en el país. La medida judicial llega tras tres meses de investigación y múltiples reclamos de familiares de víctimas, que ven en esta resolución un primer gesto de justicia.

La periodista Micaela Sendra, jefa de la sección Sociedad de Noticias Argentinas, explicó que la jornada de allanamientos del día previo marcó un antes y un después: “Fue una noche movilizante. Se detuvo a los accionistas y directivos de HLB Pharma y Ramallo S.A., entre ellos los hermanos y la madre de García Furfaro, además de directores técnicos y generales que tenían la responsabilidad de controlar la calidad de los medicamentos”.

La crisis sanitaria no se limita a Buenos Aires y Capital Federal, donde se confirmaron la mayoría de los casos. Según señaló Sendra, también hay reportes en Rosario, Córdoba y Río Negro, donde se investiga un cuadro sospechoso. La magnitud de la distribución es alarmante: más de 40.000 ampollas de fentanilo contaminado llegaron a hospitales de todo el país.

Las pericias confirmaron que las ampollas estaban adulteradas con bacterias comunes en ámbitos hospitalarios. Esto no generó la infección en sí, pero empeoró gravemente la salud de pacientes ya vulnerables, que terminaron falleciendo. El dictamen judicial sostiene que el fármaco no fue la causa directa de la muerte, pero sí un factor que precipitó el desenlace en personas críticas.

Uno de los puntos más cuestionados es el rol del ANMAT. En diciembre de 2024, inspectores del organismo habían detectado severas falencias estructurales y sanitarias en el laboratorio Ramallo. Sin embargo, la advertencia no fue acompañada por medidas efectivas: “No hicieron nada, solo emitieron una alerta. Seis días después comenzaron a fabricar el fentanilo que terminó adulterado”, relató Sendra.

Este vacío de control quedó en el centro de la investigación judicial. El juez Ernesto Kreplak autorizó los allanamientos y detenciones, mientras avanza la línea que también apunta a la posible complicidad o negligencia de organismos estatales encargados de fiscalizar la producción farmacéutica.

El caso se convirtió en la crisis sanitaria más grave de las últimas décadas en Argentina, con más de 100 muertes confirmadas y un número incierto de víctimas potenciales. La dimensión política no es menor: en un año electoral, la oposición acusa al oficialismo de desmantelar controles, mientras el Ejecutivo busca minimizar responsabilidades directas.

Familiares de pacientes fallecidos expresaron alivio por las detenciones, pero reclaman que se avance hacia condenas ejemplares: “Es un clan familiar con ligaduras políticas y policiales. Queremos que paguen todos los responsables”, fue una de las frases repetidas en contacto con la prensa.

La expectativa está puesta en los próximos pasos judiciales. El avance sobre directivos, técnicos y familiares de García Furfaro marca un endurecimiento de la causa, pero persiste la incógnita sobre cuántas muertes más podrían confirmarse como consecuencia del fentanilo contaminado.

Como sintetizó Sendra, “aunque el fentanilo no fue la causa directa de las muertes, sí agravó el estado de salud de los pacientes hasta llevarlos al desenlace fatal”.