En el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, la última testigo designada por la fiscalía expuso inconsistencias patrimoniales significativas, particularmente del exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y del exdirector de Fiscalización, Néstor Sanz, quienes, según su declaración, no tenían capacidad económica suficiente para justificar sus bienes. Este es uno de los elementos más contundentes en el centro del debate judicial.
Con base en un informe técnico-contable elaborado por Melisa Benítez Jaccod junto a Agustina Martínez, la testigo explicó que, al contrastar los datos proporcionados por ARCA (ex-AFIP), se detectaron desfasajes financieros preocupantes, que cuestionan la legitimidad del patrimonio declarado por los imputados.
Respecto a la pareja Sanz–Montoya, se detalló que ella había obtenido el alta de monotributo recién en noviembre de 2022 para un centro de estética, mientras simultáneamente figuraba como paga de un terreno valuado en 34.000 dólares en Plottier. La pericia calculó una inconsistencia patrimonial familiar de más de $11 millones entre lo declarado y lo poseído.
En cuanto a Soiza, la perita señaló que parte de los fondos habría sido canalizada hacia el local de comidas “El Faraón”, cuyo CUIT estaba inactivo. Se detalló que, entre septiembre de 2021 y julio de 2022, las compras ascendieron a más de $7,3 millones, mientras que las ventas declaradas alcanzaban apenas $347.655. Esto configuró un desfasaje patrimonial de alrededor de $5,3 millones.
Además, se recalcó que Soiza habría utilizado la denominada “caja azul” para resguardar fondos de origen dudoso. La suma de estas evidencias pone en duda la explicación oficial sobre el origen de sus bienes y refuerza la hipótesis de maniobras irregulares.
El juicio sigue avanzando y el tribunal ya dispuso que, desde el jueves siguiente, se escuchen los testimonios ofrecidos por las defensas, entre los cuales está citada la excontadora general de la provincia, Esther Felipa Ruiz. Este paso marcará el inicio de una ronda de contraexámenes que prometen intensificar el debate jurídico.
La etapa oral del juicio se inició el pasado 21 de julio y podría finalizar antes del 12 de septiembre, tras una reducción en el número de testigos, según informaron las partes. En total, son 14 los imputados que enfrentan cargos —entre otros— por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta ajena.
Este avance procesal, con testimonios técnicos como el de Benítez Jaccod, pone el foco en el núcleo del entramado de corrupción, vinculando niveles directivos del Ministerio con maniobras de desvío y enriquecimiento injustificado. La solidez de las pruebas contables podría definir en los próximos días el rumbo del juicio y su eventual sentencia.
