El instructor de tiro y mecánico armero Jorge Manríquez aclaró que los recientes decretos del Poder Ejecutivo Nacional no implican una flexibilización absoluta en el acceso a armas de fuego, sino principalmente una agilización de trámites y una ampliación en la edad mínima para obtener la credencial de legítimo usuario. Sus declaraciones se producen en medio de un debate nacional marcado por críticas de universidades y especialistas en criminología.

Manríquez explicó que la principal diferencia es el paso de los trámites en papel a un sistema digital, lo que aceleró significativamente los plazos. Mientras antes el otorgamiento de la credencial podía demorar entre tres y seis meses, hoy es posible obtenerla en apenas 72 horas. “Los requisitos siguen siendo los mismos, lo que cambió fue la rapidez”, sostuvo el especialista.

Uno de los cambios concretos es la reducción de la edad mínima de 21 a 18 años para acceder a la licencia de usuario, lo que amplía el universo de potenciales solicitantes. Además, el instructor subrayó que todavía se requieren estudios psicofísicos, controles médicos y entrenamiento en polígonos habilitados, condiciones que no fueron eliminadas ni atenuadas por los decretos oficiales.

El debate se intensificó tras un comunicado de la Universidad Nacional de Río Negro, que advirtió que los decretos eliminaban la Agencia Nacional de Materiales Controlados, habilitaban la compra de armas semiautomáticas civiles y modificaban normas de control vigentes desde 1995. Según la casa de estudios, estas decisiones implican una “flexibilización riesgosa” de la política armamentística en el país.

Manríquez relativizó ese diagnóstico y aseguró que la eliminación de la Agencia significó apenas un cambio de nombre, retomando la denominación histórica del RENAR, con las mismas funciones en materia de prevención. Sin embargo, reconoció que el decreto 397 permite a civiles solicitar la compra de armas semiautomáticas antes prohibidas, aunque insistió en que esos pedidos están sujetos a estrictos requisitos.

El instructor diferenció entre la habilitación legal y la disponibilidad efectiva de las armas, advirtiendo que no cualquier ciudadano que solicite un arma semiautomática la recibirá automáticamente. “Depende de la justificación y de que el usuario cumpla todos los pasos legales”, aclaró. En su visión, lo que se generó fue una percepción de flexibilización que en realidad responde a una mayor agilidad administrativa.

Sobre el impacto social, Manríquez reconoció un crecimiento en la demanda de credenciales de legítimo usuario y en la asistencia a polígonos de tiro en la región, aunque destacó que la mayoría de los interesados se acercan con fines deportivos o recreativos. “Muchos quieren iniciarse en disciplinas como el tiro práctico o deportivo; son los menos los que buscan armas con fines defensivos”, comentó.

El especialista llamó a no confundir rapidez con desregulación y a sostener un debate informado sobre seguridad y armas en el país, un tema sensible que enfrenta posiciones opuestas entre organismos académicos, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Mientras tanto, el número de usuarios que buscan capacitarse en el uso responsable de armas sigue en aumento en distintas localidades de la Patagonia.