Este lunes 18 de agosto el Gobierno oficializa la publicación de los pliegos de bases y condiciones para licitar las concesiones hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, tras meses de negociaciones con Neuquén y Río Negro que destrabaron el proceso y acordaron criterios clave para avanzar. La fecha es simbólica y clave, ya que marca el inicio formal de la reprivatización, prevista con fuerte impacto político y económico en la región.
El acuerdo garantiza el reconocimiento a las provincias como propietarias del recurso hídrico y establece mecanismos inéditos: reparto claro de regalías, un canon específico por uso del agua, fondos para obras de protección definidas por la AIC y estudios técnicos obligatorios para prevenir crecidas. Es un avance sustancial sobre reclamos históricos de más de 30 años.
Las cuatro centrales representan aproximadamente el 10 % de la generación eléctrica del país, con energía limpia y de menor costo frente a las térmicas. El Gobierno nacional estimó ingresos cercanos a US$ 500 millones por el proceso licitatorio, una cifra relevante para las arcas estatales y las reservas externas.
El llamado a licitación será público, nacional e internacional, con difusión a través del Boletín Oficial, el portal del Ministerio de Economía y plataformas como DGMarket y CONTRATAR.AR. El proceso operará a través de sociedades creadas ad hoc para cada complejo, bajo coordinación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Se establecen nuevas reglas financieras y de gestión: el precio de la energía será pactado en dólares, las regalías cubrirán todos los ingresos —incluyendo potencia, energía y servicios complementarios— y se habilita el cobro en especie, es decir, en energía física que podrá destinarse a consumo local o venta directa.
Los plazos también están acotados: la prórroga vigente se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta el cierre del proceso licitatorio, lo que ocurra primero. Los futuros concesionarios deberán presentar planos de seguridad, modernización, y comprometerse con información hidrometeorológica, en línea con un fallo judicial vigente desde 2009.
El proceso tiene una fuerte impronta política regional, fruto del rol activo de los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. El acuerdo refleja una defensa sostenida de los intereses provinciales: «la energía que producimos y nuestros ríos», según sus palabras, retomadas por diversos medios.
Este lunes se da un paso decisivo en la disputa energética del Comahue, con horizonte a tres décadas de concesión privada bajo fuerte supervisión estatal y participación provincial. El foco ahora está en la transparencia del proceso, el monitoreo técnico, y el seguimiento político para asegurar que estos pliegos reflejen el acuerdo sellado y la defensa de los recursos.
