La Legislatura neuquina avanza en el tratamiento de un proyecto de ley que plantea la realización obligatoria de tests de consumo de drogas a los máximos responsables de los tres poderes del Estado, siguiendo un esquema similar al que ya rige para la Policía. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Marcelo Bermúdez (PRO), apunta a prevenir vínculos entre autoridades y el narcotráfico.

Según Bermúdez, el objetivo central no es inmiscuirse en la vida privada de los funcionarios, sino evitar que quienes tomen decisiones estratégicas mantengan relaciones derivadas de una adicción con redes de narcomenudeo. La propuesta contempla que gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, legisladores provinciales, jueces, fiscales, defensores y directivos de empresas estatales deban someterse a controles periódicos y aleatorios.

El proyecto prevé que los narcotests sean costeados por cada funcionario, sin cargo para el Estado, salvo en el caso de las fuerzas policiales, donde el gasto se imputaría al presupuesto institucional. Los controles se realizarán al menos una vez al año, sin fechas preestablecidas, para garantizar su carácter sorpresivo y evitar la posibilidad de eludirlos.

Uno de los puntos más debatidos es el procedimiento ante un resultado positivo. Para el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, una prueba y su contraprueba bastarían para disponer la remoción inmediata del cargo. Sin embargo, el despacho actual plantea que, tras un segundo positivo, el funcionario sea suspendido por tres meses, con un nuevo examen posterior antes de iniciar un eventual juicio político o jurado de enjuiciamiento.

Bermúdez cuestionó este esquema por considerarlo poco eficaz, ya que podría permitir que funcionarios con adicciones mantengan sus puestos sin consecuencias inmediatas. A su entender, prolongar el proceso diluye el espíritu de la norma y deja abierta la posibilidad de que, con el tiempo, los rastros de consumo desaparezcan.

La propuesta excluye a los candidatos de la obligación de realizarse el test, limitando su alcance a quienes resulten electos o designados en funciones. Bermúdez argumentó que aplicar la medida a todas las listas sería inviable por la cantidad de personas involucradas, y que el foco debe estar en quienes efectivamente ejercerán poder de decisión.

El legislador recordó que la Policía de Neuquén ya cuenta con un protocolo similar, donde cualquier resultado positivo implica la remoción de la fuerza. Para él, replicar ese criterio en los cargos más altos de la administración garantizaría coherencia en las políticas de seguridad y transparencia institucional.

De aprobarse, la ley representaría un precedente en materia de control sobre la idoneidad ética y legal de los funcionarios públicos en la provincia. El debate continuará en el recinto, con un consenso general sobre la necesidad del test, pero con diferencias marcadas respecto al alcance y a la sanción final que deberían enfrentar quienes den positivo.