Desde la Legislatura neuquina avanzan en la implementación del Consejo de Seguridad Ciudadana, una herramienta que ya fue aprobada por ley y que ahora está en proceso de reglamentación. Según explicó el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez, la iniciativa busca institucionalizar la participación vecinal en la prevención del delito y la planificación de políticas públicas de seguridad.
La propuesta contempla la conformación de un Consejo Provincial y de Consejos Regionales, en línea con el esquema de regionalización impulsado por el gobierno. Esta estructura permitirá abordar problemáticas específicas de cada zona, recogiendo información directa de la ciudadanía, organizaciones sociales, entidades religiosas, deportivas y cámaras comerciales. Se trata de un modelo participativo que aspira a generar medidas concretas de prevención.
Luis Sánchez explicó que los consejos regionales estarán integrados por vecinos y representantes institucionales, como legisladores, referentes del Poder Judicial, ejecutivos municipales y empresas de servicios públicos. Estos órganos trabajarán sobre temas que van desde infraestructura urbana hasta normativa local, priorizando aquellos puntos que hayan sido identificados como conflictivos por las comunidades.
Entre los temas que podrían ser tratados se destacan situaciones como la inseguridad derivada de actividades nocturnas, zonas mal iluminadas, casas abandonadas o problemas en rutas y accesos, como el caso de Junín y San Martín de los Andes, donde los hechos vinculados a locales bailables motivaron la necesidad de una respuesta coordinada entre localidades. “El consejo nos va a permitir diseñar políticas públicas desde la base”, afirmó Sánchez.
Un aspecto clave es que se tratará del primer consejo en incluir a los tres poderes del Estado, incluyendo al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial, lo que representa un salto cualitativo en relación a anteriores experiencias. Este mecanismo institucionalizado fortalecerá el diálogo y la planificación entre la ciudadanía y el Estado, con encuentros periódicos y públicos en iglesias, escuelas o centros comunitarios.
Además, se prevé que los consejos puedan proponer normativa propia, lo cual amplía su capacidad de incidencia. Un ejemplo mencionado fue el tratamiento de la situación de los trabajadores temporarios en el norte neuquino, que derivó en una ordenanza y posteriormente en un proyecto de ley para regular la actividad, sumando actores como gremios, empleadores y organismos del Estado.
También se destacó que los consejos podrán intervenir en problemáticas vinculadas al mapa del delito, como el aumento de robos domiciliarios o hurtos captados por cámaras. Si bien el control operativo sigue siendo potestad provincial, los datos relevados por los consejos permitirán redefinir el uso de recursos como las videocámaras y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de seguridad.
La participación será ad honorem y regular, con reuniones periódicas y la posibilidad de convocatorias extraordinarias. “La expectativa es que desde estos espacios se pueda corregir y diseñar política de Estado que nazca del territorio”, sintetizó Sánchez, subrayando que la seguridad es un derecho que se construye en comunidad, con el aporte y la mirada de todos los sectores sociales.
