La provincia de Neuquén se prepara para una movilización masiva el martes 5 de agosto a las 17 horas en el Monumento a San Martín, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente sancionada por el Congreso. La convocatoria reúne a personas con discapacidad, organizaciones sociales, prestadores y vecinos comprometidos con la causa.

María Daniela Carrera, referente del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Neuquén, expresó su profundo rechazo a la medida ejecutiva, que implica retrocesos en la actualización de prestaciones y pensiones para quienes más las necesitan. La ley vetada contemplaba una actualización automática vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), clave para sostener los servicios.

Las prestaciones incluyen servicios esenciales como audiólogos, psicólogos, maestras de inclusión y rehabilitación, indispensables para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Carrera recordó que estas prestaciones no se han actualizado desde diciembre de 2023, afectando gravemente la continuidad de la atención y el acceso a recursos básicos.

El veto también impacta sobre las pensiones no contributivas por invalidez, un sustento económico vital para quienes no pueden trabajar, principalmente por falta de oportunidades laborales, a pesar de la normativa que exige el 4% de empleo público para este colectivo. Según Carrera, la medida representa una negativa del Poder Ejecutivo a los derechos ya reconocidos por ley.

En Neuquén, las prestaciones promedian los 300 mil pesos, pero la realidad es que muchos profesionales optan por trabajar en el ámbito privado o exigir pagos extra de las familias debido a la demora en la recepción de fondos estatales. La saturación del sistema público de salud agrava aún más esta situación, limitando el acceso a rehabilitación y medicamentos esenciales.

La referente destacó que la discapacidad sigue siendo percibida como un problema ajeno para gran parte de la sociedad, y denunció declaraciones desafortunadas de autoridades nacionales que responsabilizan a las familias sin asumir la obligación estatal. La discapacidad es un derecho humano y social, y la discriminación profundiza la exclusión y el dolor de estas personas.

Sobre recientes auditorías que generaron suspensiones y baja de pensiones, Carrera confirmó que en Neuquén no se registraron casos extremos de fraudes, aunque la comunicación con organismos nacionales es confusa y genera incertidumbre. Aconsejó a las familias acercarse a la subsecretaría provincial o la Defensoría Federal para reclamar y defender sus derechos.

Finalmente, Carrera invitó a la comunidad neuquina a sumarse a la marcha del martes, para exigir la emergencia en discapacidad y el reconocimiento pleno de derechos y actualizaciones necesarias. La manifestación busca visibilizar la urgencia de mejorar la calidad de vida de miles de personas que dependen de estos servicios y prestaciones.