Una mujer de 32 años, arrepentida y sobreseída por su colaboración, rompió el silencio en el juicio por estafa con planes sociales en Neuquén. Su testimonio impactante, reservado por temor a represalias, fue incorporado al expediente y permitió visibilizar cómo operó una red de corrupción institucional que desvió fondos públicos destinados a asistencia social.
En su declaración, la testigo describió cómo el sistema transformó la ayuda estatal en una “maquinaria de favores, punteros y desvío de recursos”, detallando extracciones con tarjetas de beneficiarios vulnerables y distribución de dinero en sobres etiquetados para operadores políticos del MPN. Su rol fue clave para reconstruir los mecanismos ocultos del entramado.
Con voz nerviosa y embozada en el anonimato, relató que ingresó al sistema mediante un puntero barrial y luego trabajó directamente en la dirección de Planes Sociales, bajo la supervisión de Néstor Pablo Sanz. Allí cumplía tareas administrativas hasta convertirse en parte del circuito interno de extracción de efectivo.
Señaló que se le entregaban tarjetas de débito con PIN para ir al cajero y retirar montos de beneficiarios sin que ellos lo supieran. El efectivo era entregado en mano a funcionarios como Soiza o Silvestre y se guardaba en una llamada “caja azul”, donde luego se fraccionaba para distribución política.
Otro episodio revelador fue cuando fue seguida y filmada por un desconocido mientras realizaba una extracción en Rivadavia. Según su testimonio, creyó que era un policía y en poco tiempo recibió órdenes de no volver al cajero por parte de jefes políticos. Esa experiencia consolidó su decisión de abandonar el esquema corrupto.
También detalló un episodio donde el abogado Alfredo Cury, imputado en la causa, representó a todos los empleados con promesas de protección y les advirtió que todo “era algo político”. Un día antes de un allanamiento, otro acusado retiró su celular personal para evitar registros de chats que vinculaban a los punteros con las extracciones.
La testigo confesó además que el sistema operó al menos desde 2020 hasta 2022, aunque dijo que esa dinámica fraudulenta funcionaba desde años antes. Contó que formaba parte de un círculo en el que se organizaban planillas del «voto seguro», listas de beneficiarios y maniobras coordinadas con liderazgo político local.
Su aparición en la sexta jornada del juicio marca un antes y un después: su declaración contribuye a consolidar la acusación de asociación ilícita, defraudación pública y participación de múltiples imputados, lo cual podría llevar a futuras medidas cautelares o nuevas imputaciones.
El juicio continuará con más testimonios de arrepentidos: tres más están citados esta semana. Se espera que sus relatos confirmen, amplíen y completen el esquema descripto, sumando nombres, fechas y roles sobre cómo funcionó la red que operó al amparo del sistema de beneficios sociales en la provincia.
