Tras más de dos décadas de impunidad, la causa por la desaparición forzada de Sergio Ávalos, estudiante de la Universidad Nacional del Comahue oriundo de Picún Leufú, dio un giro determinante con el procesamiento y la detención de 20 personas, muchas de ellas vinculadas al personal de seguridad del boliche Las Palmas, donde el joven fue visto por última vez el 13 de junio de 2003.

El abogado de la familia Ávalos, Sergio Heredia, celebró el avance judicial y brindó declaraciones contundentes sobre el desarrollo del expediente, la estructura encubridora del caso y las nuevas perspectivas que se abren hacia el juicio oral.

“Lo que pasó con Sergio es un delito de lesa humanidad, está en ejecución continua. Esto es un hecho histórico para la República Argentina”, afirmó.

Heredia, que asumió la defensa junto a su colega Leandro Aparicio, explicó que la clave fue retomar la investigación desde cero, centrándola en lo que ocurrió dentro del boliche, algo que la familia siempre sostuvo y que la justicia provincial desestimó durante los primeros diez años de causa.

“Instalamos el caso en Neuquén, trabajamos en silencio y logramos dar una respuesta no solo a Asunción (el padre de Sergio), sino a la propia justicia”, aseguró.

El letrado apuntó directamente contra el funcionamiento del local nocturno: “Ese boliche era un antro de corrupción política. Proveía dinero a la mala política. Tenía 50 cámaras de seguridad y desaparecieron los videos justo cuando Sergio ingresó. Qué casualidad”, denunció. También reveló que el local contaba con una cámara frigorífica del tamaño de una habitación, lo que refuerza las sospechas sobre lo que pudo haber sucedido con el cuerpo del joven.

Respecto a la noche de la desaparición, Heredia detalló: “Sergio estaba adentro, no salió jamás del boliche. El hecho ocurrió cuando intentaba salir. Lo redujeron en un área del local donde había una enfermería, un túnel… ahí pasó lo que pasó”.

Además, el abogado remarcó que hubo un encubrimiento sistemático desde diversos sectores. “La seguridad del boliche estaba compuesta por funcionarios municipales, militares y policías adicionales. Todos cobraban. Y durante años se montaron versiones falsas, testigos truchos y hasta se envió a Asunción a buscar a su hijo a Paraguay, como si Sergio se hubiera ido por voluntad propia. Fue una burla”, criticó con dureza.

Heredia anticipó que se vienen nuevas imputaciones, no solo a quienes participaron en la desaparición, sino también a funcionarios judiciales y policiales que encubrieron el hecho: “Esto recién empieza. Hay gente que va a hablar, que se va a quebrar. Hay que entender que este es el delito más grave que contempla nuestro Código Penal”.

Finalmente, destacó el rol del padre de Sergio en el proceso: “Asunción fue clave. Confiaron en nosotros cuando nadie más lo hacía. Nunca quisimos contaminar la causa con intereses ajenos. Sergio no es una marcha por año, es trabajar el expediente todos los días”.