La muerte de un trabajador en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) activó una respuesta inmediata del gobierno de Río Negro. La Secretaría de Trabajo provincial ordenó por resolución la creación urgente de un Comité Mixto de Higiene y Seguridad en todos los frentes y espacios vinculados a la obra, que contempla un tendido estratégico entre Vaca Muerta y Punta Colorada.
La resolución fue firmada por la titular laboral María Martha Avilez, y establece un plazo máximo de 15 días corridos para constituir el comité, registrarlo en el sistema provincial y comenzar a operar de forma efectiva. El incumplimiento será calificado como infracción muy grave, con sanciones que podrían alcanzar a las empresas y entidades participantes del proyecto.
El comité estará compuesto por representantes de YPF (como comitente), la UTE TECHINT–SACDE (contratista principal), los gremios UOCRA y UECARA, la Secretaría de Trabajo y organismos técnicos especializados. Esta composición tiene como fin garantizar una mirada multisectorial sobre las condiciones laborales, de seguridad e higiene.
La presencia territorial del comité será permanente, con capacidad de supervisar, auditar y generar informes periódicos. Además, se exigirá un Programa de Prevención mensual con evaluaciones de riesgos críticos, cronogramas de fiscalización y capacitaciones obligatorias para operarios y personal administrativo involucrado en la obra.
Avilez destacó que la decisión fue tomada incluso durante el fin de semana tras conocerse el deceso del obrero. “No hay margen para improvisar en una obra de esta magnitud. Es nuestra obligación garantizar que se trabaje con orden, prevención y presencia activa del Estado en el territorio”, señaló, marcando un tono firme frente a los actores privados del emprendimiento.
El oleoducto VMOS es considerado una de las apuestas más ambiciosas para el futuro exportador del petróleo argentino, al conectar directamente la Cuenca Neuquina con el litoral atlántico. Pero el reciente accidente fatal generó fuertes críticas sobre los protocolos de seguridad, lo que motivó esta intervención institucional de carácter urgente.
Desde el Ejecutivo rionegrino se busca no solo contener la coyuntura actual, sino instalar un modelo de control y fiscalización preventiva, que pueda replicarse en futuros emprendimientos de magnitud nacional. El objetivo es consolidar derechos laborales con el desarrollo energético, sin que uno implique poner en riesgo el otro.
La resolución apunta a transformar el impacto del accidente en un punto de inflexión, que permita articular de forma real la producción con la vida, en una obra donde conviven grandes intereses económicos, desafíos técnicos y la necesidad de garantizar condiciones laborales seguras y humanas.
